Hace tres años, el 31 de marzo de 2017, 25 senadores de la República —muchos de ellos aún en el Congreso— violaron la Constitución Nacional para buscar la posibilidad de reelección presidencial en las elecciones generales de 2018. El hecho desató la furia ciudadana, que terminó quemando parte del edificio del Congreso. La intención cartista y luguista no prosperó. El principal caso judicial está trabado y solo dos policías fueron condenados en este lapso. La justicia para Rodrigo Quintana, asesinado dentro del PLRA, aún no llegó.
¿Se iba a reunir el Senado un viernes para aprobar un documento que a todas luces era inconstitucional? Esa fue la pregunta que varios se hicieron el 31 de marzo de 2017. La semana venía caldeada: el 28 de ese mes, el Senado aprobó cambios en sus reglamentos, de por sí ilegales, y Julio César Velázquez —entonces senador colorado— usurpó las funciones de Robert Acevedo, presidente de la Cámara Alta, para “secuestrar” el Senado.
Y sí, se reunieron. Fueron 25 y lo hicieron en la oficina del Frente Guasu dentro del recinto del Congreso para validar un proyecto de ley que disponía varios cambios en la Constitución Nacional, pero el punto más importante fue sin dudas la reelección presidencial, la que buscaban el entonces presidente Horacio Cartes y el expresidente Fernando Lugo, hasta hoy senador.
Del Senado, el documento debía pasar a Diputados, en donde seguramente también iba a ser aprobado por una amplia mayoría de oficialistas y aliados al expresidente Cartes. En ese intervalo, sin embargo, se impuso la reacción ciudadana.
En pocas horas, el microcentro de Asunción se convirtió en un caos. Desde la tarde del viernes hasta el amanecer del sábado 1 de abril hubo decenas de heridos, personas que perdieron al menos un ojo, una persona fallecida en el ataque al PLRA —Rodrigo Quintana— y un Senado ardiendo.
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