El Ministerio de Hacienda insistió ayer en que el veto parcial al proyecto de ley de jubilación vip para los parlamentarios fue la mejor opción que tuvo el Ejecutivo para reducir la inequidad con el resto de la ciudadanía. Sin embargo, no mencionó que la brecha con el resto de los trabajadores es muy grande.
El viceministro de Economía, Humberto Colmán, remarcó que pese a mantener en solo 10 años el tiempo en que los congresistas pueden jubilarse, no se optó por la objeción total porque consideraron que, en comparación al sistema vigente, se podían rescatar algunos cambios que ayudarán a la sostenibilidad de la Caja Legislativa y acortarán la brecha con respecto a los aportantes del IPS y la Caja Fiscal.
“Creemos que el veto no se dio para mantener privilegios, sino que para ir corrigiendo algunas cosas. Entre las cosas positivas podemos rescatar tres: se eliminaron los 5 años de aporte para jubilarse y quedó en 10 años; para el cálculo de la jubilación se tomará en cuenta la remuneración de los últimos 60 meses y ya no la última remuneración percibida; y se excluye a las hijas solteras como beneficiarias de la pensión en caso de fallecimientos”, expresó.
Por su parte, la directora de Estudios Económicos, Carmen Marín, recordó que entre el 2004 y el 2017 el Estado aportó G. 104.000 millones (USD 18 millones) para sostener la Caja Parlamentaria. Esto, agregó, debido a que actualmente por cada dos jubilados del sector se cuenta con un solo aportante.
En ese sentido, Colmán y Marín resaltaron que los técnicos del Fisco están trabajando en un informe de sostenibilidad de la mencionada previsional para elaborar un proyecto de ley que modifique los privilegios que seguirán pese al veto.
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