El Parlamento Nacional sigue teniendo en sus filas a varios congresistas investigados por la Justicia. Pese a que están en la mira por diversas causas, hechos punibles y otros, siguen gozando de los privilegios que les vienen dados por las responsabilidades del cargo. Una clase política tan contaminada por supuestos ilícitos, y con una imagen y una moral tan deterioradas, ya no puede ser un referente para los ciudadanos. Los electores paraguayos deben aprender a elegir mejor a sus autoridades y a quienes se supone que representan sus intereses. Debe cortar de una vez la mala costumbre de votar por quienes solo piensan en aprovecharse del cargo, para su beneficio personal o del partido.
Varios de ellos ya tenían procesos antes de llegar al Congreso, y fueron electos de igual forma por una ciudadanía que sigue votando por una clase política que tampoco ofrece muchas opciones de cambio.
Tratándose de la corrupción que pone en riesgo las bases del sistema democrático, no podemos decir que unos diputados o senadores condenados y en la cárcel sea como el vaso medio lleno. Siempre que se trate de hechos ilícitos el vaso siempre estará vacío; pues cuando lo ilegal y lo ilícito se entremezclan con la política se pierden todas las garantías de poder aspirar a la construcción del bien común.
Las chicanas y las demoras no lograron detener el inevitable final de algunos legisladores que terminaron separados de sus funciones debido a procesos judiciales, por supuestos hechos punibles. Sin embargo, todavía quedan otros aferrados a la impunidad que les otorgan sus fueros.
En la lista se puede mencionar al senador colorado y ex intendente de Ciudad del Este Javier Zacarías Irún, quien con su esposa Sandra McLeod están imputados por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este. Zacarías perdió sus fueros en el Senado, aunque no fue separado del cargo.
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