Dos decisiones judiciales adoptadas el martes permiten una bocanada de aire fresco en nuestra siempre cuestionada Justicia. Por un lado, un Tribunal de Apelaciones ratificó la condena de un año de cárcel para el exsenador colorado Víctor Bogado, y de un año y seis meses para su “niñera de oro”, Gabriela Quintana, en el caso de cobro indebido de honorarios. Por su parte, la fiscala Liliana Alcaraz acusó y pidió juicio oral al poderoso expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y también exsenador colorado, Óscar González Daher, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración jurada falsa. Es obvio que en un Estado de derecho, en el que todos somos iguales ante la ley, es preciso que los gobernados confíen en la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero ocurre que ella ha brillado por su ausencia, salvo aisladas y fugaces manifestaciones, como las vislumbradas en los últimos tiempos. Pero el fallo y la acusación mencionados sirven para no perder la esperanza de que, alguna vez, también los poderosos ladrones de fondos públicos, entre otras cosas, conozcan los rigores de la legislación penal.
Dos decisiones judiciales adoptadas el martes permiten una bocanada de aire fresco en nuestra siempre cuestionada Justicia. Por un lado, un Tribunal de Apelaciones ratificó la condena de un año de cárcel para el exsenador colorado Víctor Bogado, y de un año y seis meses para su “niñera de oro”, Gabriela Quintana, en el caso de cobro indebido de honorarios, pese a las abusivas obstrucciones que venían interponiendo ambos para demorar el caso. Por su parte, la fiscala Liliana Alcaraz acusó y pidió juicio oral al poderoso expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y también...
Es obvio que en un Estado de derecho, en el que todos somos iguales ante la ley, es preciso que los gobernados confíen en la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero ocurre que, incluso después de 1989, ella ha brillado por su ausencia, salvo aisladas y fugaces manifestaciones, como las vislumbradas en los últimos tiempos.
De hecho, hasta ahora se han venido emitiendo señales contradictorias en cuanto a si la ley penal será aplicada o no a quienes ejercieron o ejercen el poder político. Contrariamente a los dos casos mencionados, en el del senador Javier Zacarías Irún (ANR), imputado por enriquecimiento ilícito, la magistratura resolvió archivar la causa; en el del diputado Ulises Quintana (ANR), imputado por tráfico de influencias, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y complicidad en tráfico de drogas, ordenó primero la prisión preventiva, luego la revisión de la medida y, por último, la anulación de...
Hay motivos para descreer del imperio efectivo del Derecho, pero la salud moral de la nación y un elemental sentido de justicia exigen que la gente no se resigne a que los malos se salgan siempre con la suya porque quienes deben acusarlos o juzgarlos son cobardes o corruptos. Hay que seguir de cerca sus actuaciones y censurarlos con rigor cuando favorecen a quienes victimizan a sus conciudadanos, pero también es bueno detectar signos que alienten la esperanza de que alguna vez la ley penal rija para todos, sin discriminación alguna, como en las dos causas mencionadas al principio.
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