Previsiblemente, los recursos se han acabado. La caótica “política pública” llevada adelante a ciegas y a los tumbos desde el inicio de la pandemia, sin la debida priorización, sin focalización en los segmentos más vulnerables, sin metas específicas, sin evaluación de impacto y resultados, sin fuentes realistas y sostenibles de financiamiento y sin control transparente de la gestión y los gastos, se ha convertido, como no podía ser de otra manera, en un barril sin fondo del que nadie sabe cómo liberarse ni en qué va a terminar. Lo mínimo que se espera es una pormenorizada rendición de cuentas, así como un esquema concreto de recorte de gastos y un plan creíble de cómo se usarán los recursos y qué se pretende conseguir. Deben informar cuánto facturó cada sanatorio y en qué concepto, con el detalle de cada medicamento administrado, cada insumo utilizado y su precio. La gente tiene derecho a saber en qué se gastó y en qué se gastará cada centavo.
Previsiblemente, los recursos se han acabado. La caótica “política pública” llevada adelante a ciegas y a los tumbos desde el inicio de la pandemia, sin la debida priorización, sin focalización en los segmentos más vulnerables, sin metas específicas, sin evaluación de impacto y resultados, sin fuentes realistas y sostenibles de financiamiento y sin control transparente de la gestión y los gastos se ha convertido, como no podía ser de otra manera, en un barril sin fondo del que nadie sabe cómo liberarse ni en qué va a terminar.
A mitad del año, el Ministerio de Salud Pública dice haberse quedado sin fondos y con un déficit de 55 millones de dólares solamente con sanatorios privados para cubrir los convenios y leyes de “gasto cero” y afirma necesitar otros 20 millones de dólares por mes para ese fin. El Ministerio de Hacienda menciona que en total se requieren 400 millones de dólares adicionales para Salud y admite que no hay de dónde obtenerlos, por lo que propone limitar los grupos de beneficiarios. Y no faltan los de siempre que creen que el dinero cae del cielo (será porque a ellos sí) y que basta con exprimir...
En una reunión en el Congreso entre autoridades nacionales y la “Comisión especial de control y acompañamiento para la aplicación de la ley de gastos durante la hospitalización por covid” se lanzaron los grandes números, se hicieron multimillonarias peticiones presupuestarias, se habló de aumentar los impuestos, se formó –cuándo no– una comisión para analizar la situación, pero lejos se estuvo de despejar las legítimas dudas de la población, que es la que paga la cuenta.
La directora de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud, Rita Villalba, dijo que por el convenio firmado con sanatorios privados para internar a pacientes con covid-19 sin lugar en el sistema público se tiene un presupuesto de G. 96.800 millones y se llevan comprometidos G. 318.500 millones, de los cuales G. 275.000 millones son por 1.114 internados en terapia intensiva y G. 43.500 millones por 870 internados en salas comunes, lo que arroja un déficit de G. 221.700 millones.
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