PARTICIPACIÓN. Fepasa será solo un accionista minoritario y decisiones claves las tomará EAU. COMPROMISO. El Estado paraguayo fungirá de garante del proyeco ante los accionistas del tren.
El proyecto del tren de cercanías, impulsado por el Poder Ejecutivo como la obra clave para la modernización del transporte metropolitano, encierra una serie de compromisos financieros y legales de alto impacto para el país. Tras un análisis del proyecto de ley sancionado por el Congreso para autorizar el acuerdo bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), queda en evidencia que el Estado paraguayo asumiría como el garante absoluto del sistema frente a los inversionistas.
En el aspecto financiero, el documento establece que el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá la obligación de fondear el fideicomiso del proyecto con una antelación mínima de doce meses respecto a cada vencimiento programado. Asimismo, el texto legal estipula de forma taxativa que los pagos de inversión diferida no estarán sujetos a deducciones, multas ni retenciones de impuestos. Esta condición limita la capacidad de reacción del Estado en caso de que surjan controversias operativas con la empresa.
EXCLUSIÓN. Para acelerar los tiempos de este proyecto, el acuerdo traza una vía de excepción que desplaza a normativas vigentes. Por otro lado, el articulado del acuerdo G2G deja sin efecto la aplicación de los principios de libre competencia, publicidad y los plazos de las licitaciones públicas tradicionales. Al excluir leyes fundamentales como las de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, las de alianza público-privada y las de suministro y contrataciones públicas, el proyecto deja de lado los controles habituales establecidos para salvaguardar las compras del Estado.
ARBITRAJE. En el ámbito jurídico, el texto faculta expresamente a que en el contrato de implementación se pacte la prórroga de jurisdicción. Esto significa que cualquier disputa contractual o controversia de derecho será sometida a tribunales de arbitraje internacionales en el extranjero, desplazando a la Justicia paraguaya sobre la resolución de estos conflictos.
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