El lanzamiento del sistema RETSA PY —Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental— representa mucho más que una plataforma digital para certificar el origen de la carne y el cuero paraguayo. Es, ante todo, una declaración de principios: el Estado paraguayo reconoce que en el siglo XXI, la trazabilidad no es un lujo regulatorio sino un […]
El lanzamiento del sistema RETSA PY —Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental— representa mucho más que una plataforma digital para certificar el origen de la carne y el cuero paraguayo. Es, ante todo, una declaración de principios: el Estado paraguayo reconoce que en el siglo XXI, la trazabilidad no es un lujo regulatorio sino un requisito de supervivencia competitiva. Pero si esa lógica aplica para un novillo que cruza el Atlántico rumbo a la Unión Europea, ¿por qué no debería aplicar con la misma urgencia para un estudiante universitario que cruza el umbral de un...
La pregunta no es retórica. Es, tal vez, la pregunta central que el Paraguay debe hacerse en esta etapa de su desarrollo institucional.
El ministro de Industria, Marco Riquelme, fue preciso al definir el RETSA PY: «No es una traba, es un pasaporte para nuestros productos». La plataforma, desarrollada por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción con apoyo de la FAO y financiamiento del programa Al-Invest Verde de la UE, permite registrar unidades productivas, cruzar datos satelitales, verificar que la producción no provenga de tierras deforestadas y emitir una constancia de elegibilidad socioambiental con código QR verificable por frigoríficos, autoridades y compradores internacionales.
Hoy, cerca de 200 productores representando 1,5 millones de cabezas de ganado integran el SITRAP, y más de 4 millones de bovinos ya cuentan con identificación individual mediante el SIAP implementado por SENACSA. El sistema está operativo, con antecedentes de envíos libres de deforestación desde noviembre de 2024, y apunta a cumplir con el Reglamento 1115/2023 de la UE antes de su aplicación prevista para enero de 2027.
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