Hasta ahora casi ningún gobierno asumió algún tipo de transferencia fiscal extraordinaria para afrontar las consecuencias del déficit educativo en pandemia: deserción escolar, bajo rendimiento de aprendizaje, desinterés en contenidos, escasa conectividad, entre otros indicadores.
Dr. en Educación Superior, docente e investigador universitario
Durante la pandemia, los gobiernos de América Latina hicieron un importante esfuerzo en transferir dinero a sectores de la población afectados por ejemplo por el cierre abrupto de frontera y comercios, incluso, más tarde, a personas para paliar los costosos gastos de salud.
Según estudios económicos del BID, las transferencias de dinero en la Región, para atenuar las consecuencias de las severas decisiones gubernamentales, alcanzaron en promedio el 8,5% del PIB (el análisis incluye a 33 países). Ello representa poco menos de la mitad del promedio de gasto que realizaron EE.UU., Japón o Europa (18,8%).
Precisamente, ciertas compensaciones o ayudas económicas en medio de una calamidad, algunas ya implementadas antes de la aparición del COVID-19 y otras nuevas o complementarias aplicadas por única vez, contribuyeron a detener por el momento una escalada de la pobreza.
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