Los intereses económicos y sectarios de otro tipo siguen marcando la agenda en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El presidente de la máxima instancia judicial es electo entre sus pares cada año, lo que implica no solo la representación protocolar, sino el control de aspectos administrativos, presidiendo el Consejo de Administración Judicial, así como la presidencia del Consejo de Superintendencia del Poder Judicial, con atribuciones disciplinarias. En consecuencia, no se trata de un cargo menor, lo que explica el interés no solo de los mismos ministros, sino de quienes los llevaron a la CSJ.
Precisamente uno de los temas fundamentales en la estructura del Poder Judicial es excluir a los jueces y ministros de tareas de administración, como licitaciones, compras, nombramientos de funcionarios, etc. Estos son aspectos sobre los que no tienen preparación y para lo cual no son designados, pues lo que se espera de un ministro de la CSJ es que sea custodio de la Constitución, oriente criterios dogmáticos, sea honesto y se comporte como tal.
La fortaleza institucional de la República depende en gran medida de los hombres que tienen la responsabilidad de cumplir dignamente la misión que la ley les encomienda. A contrario sensu, cuando las autoridades se conducen aprovechando indebidamente la posición que tienen para enriquecerse, traficar influencias o apropiarse de bienes públicos, no solo cometen ilícitos como cualquier delincuente, sino que debilitan la imagen de la institución en la que cumplen su tarea.
En el caso del Poder Judicial, el impacto que ocasiona la conducta delincuencial y deshonrosa de jueces, camaristas, ministros, fiscales y demás servidores es demoledor, porque desde ya la percepción ciudadana es que el sistema de Justicia es corrupto desde la puerta de entrada del edificio hasta la puerta del despacho de los ministros de la CSJ.
De ahí que lo sucedido en la última elección de la mesa directiva de la máxima institución judicial sea la imagen más distante de lo que debería ser. El ministro Manuel Ramírez Candia se retiró de la sesión denunciando luego que no se había respetado un acuerdo previo, según el cual él debería ser electo vicepresidente primero, pero que a la hora de la sesión fue votado Alberto Martínez Simón, uno de los considerados sangre nueva en la Corte.
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