La lista de clientes de la firma legal Mossack Fonseca incluye a supuestos financistas del terrorismo, criminales, narcotraficantes y traficantes de armas. La empresa reconoció internamente que su verificación de clientes no era adecuada.
Una mañana a mediados de 2014, antes de que el sol del verano haya llegado a su cénit, dos hombres ancianos en Alepo, Siria, estaban sentados en sillas de plástico hablando tranquilamente y bebiendo café. Desde cerca de su puesto de comida, Sabri Wahid Asfur y su amigo Abu Yassin miraban a los vecinos pasar.
Repentinamente, bombas cayeron, haciendo llover ladrillos y escombros. Segundos después explotaron, disparando miles de piezas de metralla – clavos, acero corrugado – en todas las direcciones. Las improvisadas bombas de barril habían sido diseñadas para causar el máximo daño.
“Miré a mi amigo cuando recuperé la vista y vi su cuerpo destrozado”, recuerda Asfur. “Exhaló su último aliento”.
El ataque fue uno de cientos de bombardeos que llevó a cabo el régimen del presidente Bashar al-Assad durante los seis años de guerra civil del país, matando a miles de sus propios ciudadanos. La letal campaña aérea no hubiera sido posible, aseguraron las autoridades de EE.UU., sin una red de compañías que eludieron embargos internacionales proveyendo el combustible que mantuvo a las aeronaves militares en el cielo.
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