Cartistas (HC), llanistas y dionisistas estuvieron a dos votos de enterrar por segunda vez el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, acusada por mal desempeño de funciones. Se aliaron siete cuestionados oficialistas, tres de ellos con procesos abiertos o sospechas ante la Fiscalía, lo que confirman las versiones del “apriete”. Opositores y algunos oficialistas frenan por ahora el archivamiento al dejar sin quorum la sesión.
Con 74 diputados presentes (de 80), la Cámara Baja inició ayer el tratamiento del juicio político a la cuestionada fiscala Quiñónez. La diputada Kattya González (PEN) presentó los argumentos técnicos de las 13 causales. Detalló los casos donde la Fiscalía favoreció al “doleiro” Darío Messer, condenado por el caso “lavajato”, el fallido metrobús, la denuncia de Giuzzio sobre el esquema del crimen organizado que salpica a Horacio Cartes. La causal más sensible fue la del asesinato de Rodrigo Quintana, ocurrido en un atraco policial al PLRA el 1 de abril de 2017.
Todas las denuncias hacían referencia a la selectividad, impunidad en los casos de lavado de dinero y contrabando.
Apenas concluyó la presentación de las causales, el diputado oficialista Hugo Ramírez pidió permiso para retirarse y aclaró que lo hacía ante la falta de votos. Le acompañaron la líder de la bancada Jazmín Narváez y otros oficialistas.
Sin embargo, fue llamativa la permanencia en sala de siete oficialistas, tres de ellos con procesos o sospechas entre ellos: Ever Noguera, imputado por el caso de merienda escolar; Esteban Samaniego, investigado porque cuando era intendente desaparecieron G. 10.000 millones, según denuncias, y Luis Urbieta, investigado por supuesta corrupción de cuando era gobernador. Se confirmó el apoyo de los diputados que responden al senador Blas Llano y al expulsado Dionisio Amarilla.
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