Mediante un trabajo coordinado entre varias instituciones del Estado, se concretó la firma del “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional sobre autorización para viajar”, que tiene como finalidad principal la unificación de criterios en la emisión y control de los documentos que autorizan el viaje al exterior de menores de edad.
Entre las instituciones que conforman el equipo de trabajo figuran la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional – Departamento de Identificaciones, el Ministerio de Justicia – Dirección General de Registro del Estado Civil y la Dirección General de Migraciones, quienes firmaron este miércoles el convenio en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia.
El acuerdo es el producto de un proceso iniciado hace varios meses, por iniciativa de la Dirección General de Migraciones, tras haber identificado varias falencias y disparidad de criterios relacionados a la mencionada documentación, hecho que propiciaba la vulnerabilidad de la seguridad y obstaculizaba la prevención de hechos punibles relacionados con menores.
Este trabajo se llevó a cabo bajo el liderazgo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), representada por la Presidenta Alicia Pucheta de Correa, con la participación de Migraciones, el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), la Dirección General del Registro Civil del Ministerio de Justicia (REC), la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.
El objetivo de este convenio es el interés en agilizar trámites y remover los obstáculos, a los efectos de hacer cumplir los derechos del niño, niña y adolescente, donde las Instituciones involucradas se comprometen a un alto grado de colaboración en materia de coordinar las acciones técnicas, intercambios recíprocos de informaciones inherentes a las autorizaciones para viajar, orientados a un nivel de simplificación y mejoramiento de los procesos, con criterios de priorización de los mecanismos que implican interacción y operaciones eficientes a ser aplicadas entre las instituciones.
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