La saliente fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, será relevada por Emiliano Rolón Fernández, en quien se cifran las esperanzas de una mayor autonomía del Ministerio Público ante el poder fáctico y la clase política. Sin encontrar “elementos relevantes” para imputar por lavado de dinero y otras denuncias realizadas contra Horacio Cartes, termina su mandato de cinco años la fiscal general Sandra Quiñónez, debiendo su reemplazante Emiliano Rolón “limpiar” el Ministerio Público para desterrar la mala imagen dejada por su antecesora, quien no estuvo evidentemente a la altura de una institución que necesita en forma urgente ser convertida en el brazo eficiente en la lucha contra la corrupción y la impunidad. 266) pero actualmente más bien se podría afirmar que es el principal “deudor de la sociedad paraguaya”, por el hecho de que durante la gestión de la fiscal general saliente, Sandra Quiñónez, se consolidó un esquema con mezcla de desidia y complicidad para inhibir la actuación investigadora en casos delictivos ligados a hechos de corrupción, en coincidencia con su excesiva y sospechosa dependencia del poder fáctico de Horacio Cartes, el actual presidente de la junta de gobierno de la ANR, con la evidente intención de favorecer los objetivos políticos y empresariales del cartismo en detrimento del interés nacional. Lo que sí hay que esperar es que Rolón ordene que la Contraloría General de la República ingrese a la Fiscalía, lo que no fue permitido por Sandra Quiñónez, quien contrariando lo dispuesto en la misma Constitución se negó a poner a disposición de los auditores de la CGR toda la documentación que éstos requieran para realizar una fiscalización de la administración de la titular saliente del Ministerio Público. El propio contralor Camilo Benítez informó a la vez que más de cien denuncias sobre malversación de fondos públicos en distintas entidades del Estado no fueron investigadas por la Fiscalía entre 2019 y 2022, lo que lleva a concluir que la protección política a Sandra Quiñónez, salvada en cuatro ocasiones del juicio político, tenía un evidente propósito de defensa mutua, con el objetivo notorio de la impunidad tanto para ella como para los políticos que la apañaron, con la lógica bendición del Patrón. La salida de Sandra Quiñónez de la Fiscalía General supondrá en apariencia una fuerte resta en la maquinaria de poder fáctico de Horacio Cartes, quien se aferra a la junta de gobierno de la ANR porque sabe que sólo atornillado al sillón de Bernardino Caballero podría ejercer aún cierta influencia en el Poder Judicial, a las puertas de un pedido de extradición de Estados Unidos, que, como se sabe, deberá ser autorizado en última instancia por la Corte Suprema.
La saliente fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, será relevada por Emiliano Rolón Fernández, en quien se cifran las esperanzas de una mayor autonomía del Ministerio Público ante el poder fáctico y la clase política.
Sin encontrar “elementos relevantes” para imputar por lavado de dinero y otras denuncias realizadas contra Horacio Cartes, termina su mandato de cinco años la fiscal general Sandra Quiñónez, debiendo su reemplazante Emiliano Rolón “limpiar” el Ministerio Público para desterrar la mala imagen dejada por su antecesora, quien no estuvo evidentemente a la altura de una institución que necesita en forma urgente ser convertida en el brazo eficiente en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Una ardua tarea le espera a Emiliano Rolón cuando asuma desde el jueves 9 de marzo la titularidad de la Fiscalía General del Estado, ubicándose entre sus mayores desafíos el dilema de poner fin a la impunidad de roscas mafiosas que cuentan con el manto protector de la narcopolítica criolla y con la complicidad de algunos fiscales que deberían ser los baluartes de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en la administración pública.
El Ministerio Público es “el representante de la sociedad” según la Constitución (art. 266) pero actualmente más bien se podría afirmar que es el principal “deudor de la sociedad paraguaya”, por el hecho de que durante la gestión de la fiscal general saliente, Sandra Quiñónez, se consolidó un esquema con mezcla de desidia y complicidad para inhibir la actuación investigadora en casos delictivos ligados a hechos de corrupción, en coincidencia con su excesiva y sospechosa dependencia del poder fáctico de Horacio Cartes, el actual presidente de la junta de gobierno de la ANR, con la evidente...
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