Escribe: Luis Alen. Cuando el enviado especial del Gobierno norteamericano puso sobre la mesa ante Marito la falta de resultados concretos en la luch...
Cuando el enviado especial del Gobierno norteamericano puso sobre la mesa ante Marito la falta de resultados concretos en la lucha contra los protectores políticos de la colosal lavandería de dinero en que se convirtió el Paraguay en la era HC, como toda respuesta el presidente arguyó que las investigaciones fiscales prosiguen y no pararán, a pesar del escollo que significa el Ministerio Público, controlado por Horacio Cartes a través de Sandra Quiñónez.
Abdo estaba hablando en Palacio de López con el secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos y jefe de la oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, Marshall Billingslea, quien al mismo tiempo es el titular del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), que en los próximos meses continuará monitoreando especialmente el desmantelamiento de la protección a la narcopolítica, y el lavado de dinero que es su secuela, y ante la certeza que existe del traspaso de recursos financieros a grupos extremistas del Medio Oriente.
Para Estados Unidos está claro que si no caen los “peces gordos” de la protección política a los tráficos, el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero, que seguirían influyendo en la actual administración paraguaya desde los estamentos gubernamentales, el Congreso, la fiscalía, la Justicia y los partidos políticos, no se podrá hablar de una lucha exitosa contra el flagelo del lavado y del financiamiento concomitante al terrorismo.
Uno de los ejemplos de la impunidad con que gozan los políticos protectores es el caso de Javier Zacarías Irún y su clan familiar, dueños y señores de Ciudad del Este y del Alto Paraná durante 17 años. Su alianza con HC le significó una bonanza espectacular en el período de gobierno pasado, entre 2013 y 2018, y eso lo saben bien las agencias norteamericanas.
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