La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tiene desde el miércoles 24 de junio elementos de juicio suficientes como para ordenar sendas investigaciones penales sobre numerosos funcionarios públicos, elegidos por el pueblo y los demás, con la publicación de las declaraciones juradas de muchos de ellos en las que se observan situaciones irregulares, además de meteóricos ascensos patrimoniales. Es la obligación que le impone el artículo 290 del Código Procesal Penal al ordenar que el Ministerio Público organice una investigación cuando reciba, “por cualquier medio”, información fehaciente sobre la posible comisión de hechos punibles. Demasiados políticos aumentaron sus respectivos patrimonios en una escala difícilmente compatible con el sueldo y los demás gastos que cargan a los contribuyentes para su uso. Información fehaciente para el Ministerio Público. Las obscenas fortunas que están saliendo a la luz surgieron al abrigo de la impunidad y eso debe acabar.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tiene, desde el miércoles 24 de junio, elementos de juicio suficientes como para ordenar sendas investigaciones penales sobre numerosos funcionarios públicos, elegidos por el pueblo y los demás, con la publicación de las declaraciones juradas de muchos de ellos en las que se observan situaciones irregulares, además de meteóricos ascensos patrimoniales.
Es la obligación que le impone el artículo 290 del Código Procesal Penal al ordenar que el Ministerio Público organice una investigación cuando reciba, “por cualquier medio”, información fehaciente sobre la posible comisión de hechos punibles.
Demasiados políticos aumentaron sus respectivos patrimonios en una escala difícilmente compatible con el sueldo y los demás gastos que cargan a los contribuyentes para su uso. Información fehaciente para el Ministerio Público. No hay que excluir que hayan omitido declarar partes importantes de sus caudales. Desde luego, hay otros que tuvieron la misma suerte, incluyendo a magistrados o a presidentes y directores de empresas estatales, también devenidos multimillonarios en la función pública. Otra información fehaciente a investigar por parte de los fiscales.
Un memorable video difundido en 2015 mostró al entonces senador Jorge Oviedo Matto (Unace) confesando “el mecanismo”: “Un concejal de Asunción gana más que un senador. Gana G. 32 millones, que no es el sueldo ahí. Ahí es barrido y limpieza, empresa encargada de recolección de basura, compra de útiles de oficina, compra de uniformes para los funcionarios, empresa encargada de la limpieza de la Municipalidad, el que provee de combustible. Yo sé todo lo que hay y entre 24 no más se reparten la torta”.
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