Una de las innovaciones del proyecto de ley de promoción y protección del derecho a vivir en familia, que regula los cuidados alternativos y la adopción de niños, niñas y adolescentes en estudio, es la implementación de sanciones por negligencia para operadores administrativos y judiciales. Para estos últimos existen sanciones, pero no son aplicadas pese a la mora existente.
La normativa en estudio contiene 166 artículos y todo un capítulo dedicado a la aplicación de sanciones por el actuar negligente de los funcionarios públicos, que en la actualidad es una constante en los juicios tramitados en el fuero de la Niñez.
Juicios de adopción (léase como los de medida cautelar, pérdida de la patria potestad y declaración de estado de adoptabilidad) de más de 10 años de duración, casos de niños que “vegetan” en hogares de abrigo por años, algunos hasta cumplir la mayoría de edad inclusive, no son casos aislados.
El monitoreo en curso realizado por el Ministerio de la Defensa Pública con auditores nacionales e internacionales constata la existencia de este tipo de irregularidades y otras igualmente graves.
Pese a la gravedad del daño causado a los niños, niñas y adolescentes afectados por estos “juicios eternos”, es tan escasa la importancia que les dan las autoridades que no hay sanciones a nivel administrativo y menos aún en esferas judiciales.
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