La Subsecretaría de Estado de Tributación prorratea entre sus más de 700 funcionarios los ingresos percibidos en concepto de multa por infracciones al régimen tributario vigente, en el que una reciente modificación dispone que el funcionario actuante será tenido por “denunciante” de toda infracción a la ley y que tendrá derecho hasta el 50% de las multas cobradas al transgresor, debiendo todo lo recaudado distribuirse entre los funcionarios de la administración tributaria. Según esta arbitraria disposición, que privilegia a quienes “trabajan” en la SET frente a otros funcionarios que en muchos casos se desenvuelven con mayor riesgo y responsabilidad, la suma a ser distribuida este año es de 25.000 millones de guaraníes. A nadie se le puede premiar por el simple hecho de cumplir con su deber, por lo que ya cobra un salario. El Código Penal les obliga a denunciar los delitos de acción penal pública de los que se enteren en el ejercicio del cargo. Tal es su deber, no necesitan para cumplirlo una remuneración extraordinaria.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) prorratea entre sus más de 700 funcionarios los ingresos percibidos en concepto de multa por infracciones al régimen tributario fijado por la Ley N° 125/91, modificada por la N° 2421/04. En su nueva versión, el art. 239 dispone que el funcionario actuante será tenido por “denunciante” de toda infracción a la ley y que tendrá derecho hasta al 50% de las multas cobradas al transgresor; se considera que actúa como denunciante “en nombre y representación de los funcionarios de la Administración Tributaria, entre quienes se debe distribuir el...
En su anterior versión, la norma citada decía que los funcionarios actuantes no serían “denunciantes” y que el ingreso por el cobro de las multas se destinaría a Rentas Generales para recategorización salarial de los funcionarios de la SET. Esto significa que, seguramente debido a la eficacia del lobby “tributarista”, se resolvió otorgarles un privilegio que viola el art. 47 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante las leyes. El art. 49 de la Ley N° 1626/00 dice que los funcionarios tienen derecho a “la igualdad, sin discriminación alguna, de oportunidades y de trato en el cargo”,...
Y bien, resulta que los de la SET son especialmente favorecidos, pues entre ellos se distribuye hasta la mitad de las multas cobradas. Que se sepa, solo los aduaneros gozan también de tal privilegio cuando constaten “falta por diferencia” y defraudación. O sea que hay funcionarios de primera y de segunda.
A nadie se le debe premiar por el simple hecho de cumplir con su deber, por lo que ya cobra un salario. Se alega que la participación en las multas apunta a evitar que los funcionarios actuantes sean sobornados, es decir, que cometan un delito sancionado con hasta cinco años de cárcel. Se obtendría así dinero adicional del Estado como una suerte de recompensa por no delinquir. Si se considera que tal criterio se ajusta a la moral, habría que extender el modelo de la SET y el de la Dirección Nacional de Aduanas a todo el sector público, creando algo equivalente a la ridícula bonificación por...
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