Dos hechos - o interpretaciones - resaltan como impulsores del pedido, con emplazamiento incluido, del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) del Brasil a su Gobierno sobre las inminentes negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú.
¿Qué se agazapa detrás las conclusiones del TCU sobre Itaipú?
El 22 de noviembre último, la prensa del vecino país informaba que los ministros del TCU decidieron pedir al que elabore un plan de acción sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.
El alto organismo de control, con funciones parecidas a las de la Contraloría General de la República (CGR) de nuestro país, establecía, según el informativo oficial del propio TCU, que el plan sea elaborado por la Casa Civil, en conjunto con los Ministerios de Minas y Energía y el de Relaciones Exteriores.
El pedido no se caracterizó por la cortesía de su estilo, porque además imponía un plazo para la presentación del “plan de acción”: 60 días, que si rige desde el 22 de noviembre último vencerá el 22 de enero de 2024.
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