Mientras cada vez más amplios sectores de la ciudadanía le exigen a la Contraloría General de la República que fiscalice la ejecución de “fondos socioambientales” de Itaipú y Yacyretá, el contralor, Camilo Benítez, afirma que ha hecho todo lo que está a su alcance para ello, pero se declara con las manos atadas por supuestos impedimentos legales y falta de pronunciación de la Corte Suprema de Justicia sobre recursos presentados y sobre la aplicabilidad de una ley. Hay elementos para sostener que la verdad es otra. Tal parece que el contralor solo hace lo que le permiten, o peor, lo que le ordenan quienes mueven los hilos del poder. Los tratados de Itaipú y de Yacyretá en ningún sitio impiden a las Altas Partes Contratantes ejercer su jurisdicción para controlar o para actuar ante la comisión de posibles hechos punibles, lo cual sería una inaceptable renuncia de la soberanía. Y aun si lo dispusieran, que no es así, un tratado nunca puede estar por encima de la Constitución Nacional.
Mientras cada vez más amplios sectores de la ciudadanía le exigen a la Contraloría General de la República que fiscalice la ejecución de “fondos socioambientales” de Itaipú y Yacyretá, el contralor, Camilo Benítez, afirma que ha hecho todo lo que está a su alcance para ello, pero se declara con las manos atadas por supuestos impedimentos legales y falta de pronunciación de la Corte Suprema de Justicia sobre recursos presentados y sobre la aplicabilidad de una ley. Hay elementos para sostener que la verdad es otra. Tal parece que el contralor solo hace lo que le permiten, o peor, lo que le...
Los “impedimentos legales” a los que alude Benítez se refieren a que la Sala Constitucional de la Corte Suprema todavía no ha resuelto sobre una solicitud de intimación por parte de la Contraloría para la provisión de documentación y sobre sendas acciones de inconstitucionalidad presentadas por Itaipú y Yacyretá contra la Ley 6763/21, que expresamente dispone las reclamadas auditorías.
La Contraloría asegura que existe un auto interlocutorio que suspende los efectos de dicha ley, pero el ministro de la Corte Víctor Ríos lo desmiente. Señala que no hay ninguna medida cautelar vigente y que el ente “puede auditar las compras de las dos entidades hoy mismo, si lo desea”. Otra versión indica que sí hay una cautelar para Yacyretá, no así para Itaipú. Entretanto, Benítez declaró que la Contraloría no tiene poder coercitivo y que, “si el Poder Judicial no nos da la fuerza, no podemos entrar”. El director jurídico del ente, Darío Ortega, fue incluso más allá. Dijo que “solamente...
Todo esto no es más que un feroz lavado de manos y un juego de pelota tata. La Contraloría General de la República no necesita ninguna ley especial ni permiso de nadie para cumplir lo que no solo es su atribución, sino su deber constitucional. El propio contralor Benítez dijo que no hay tal cosa como “Itaipulandia”, que el dinero de Itaipú y Yacyretá forman parte de las cuentas nacionales, de acuerdo con el Banco Central del Paraguay, y que la Constitución establece que la Contraloría tiene facultades para fiscalizar empresas multinacionales con cuentas nacionales. Sin embargo, lo dice,...
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