El documento, en su título VII, indica que la intervención debe ser aprobada por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y podrá ser solicitada por el superintendente cuando sean detectados indicios de irregularidades.
El interventor será designado también por el BCP y tendrá la potestad de aprobar todos los planes de inversión mientras sea llevada adelante la intervención. Incluso, esta persona podrá suspender las resoluciones del Consejo de Administración.
Esta es otra de las preocupaciones de los sindicatos de trabajadores, quienes alegan que se da potestad al interventor de manejar el dinero de los aportantes sin ninguna garantía de retorno, por lo que insisten en la creación de un consejo con participación de aportantes para evitar posibles manoteos a los fondos jubilatorios.
“El interventor va a responder obviamente al superintendente. Por eso decimos que se le está dando superpoderes peligrosos a una persona. Están en riesgo más de USD 3.500 millones”, expresó el directivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Víctor Insfrán.
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