La fiscala general, Sandra Quiñónez, mintió en su audiencia pública, en la que prometió que dejaría que la Contraloría audite su gestión. Sin embargo, cuando asumió el cargo accionó ante la Corte para eludir al órgano de control.
El 5 de mayo de 2017, Quiñónez aseguró en la audiencia a candidatos para titular del Ministerio Público, que si llegaba al cargo iba a dejar que la Contraloría General audite su gestión.
“Apostemos a la transparencia, no debemos temer a ser controlados. La primera persona que debe ser controlada es el fiscal general”, afirmó Quiñónez, ante los miembros del Consejo de la Magistratura que estaban escuchando a los aspirantes.
Sin embargo, cuando asumió el cargo de fiscal general se olvidó de lo que había prometido y accionó ante la Corte, contra la ley que habilita a la Contraloría General a auditar su gestión.
Quiñónez, al igual que todos los que le precedieron en el cargo, apuntó que el órgano habilitado para el control es el Tribunal de Cuentas, en donde un fiscal inferior tiene que dictaminar si usó bien o no los recursos del Ministerio Público.
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