La repartija sin precedentes de fondos públicos que se ha desatado con la recurrente excusa del covid ha terminado de cebar a muchos políticos de distintas corrientes en el Congreso, que ya no se ponen freno para otorgar subsidios a diestra y siniestra con dinero ajeno, sin importarles la sostenibilidad, las fuentes de financiamiento ni las consecuencias. Ahora quieren sancionar una ley para “comerciantes de frontera con Argentina” que implica un nuevo manotazo de 10 millones de dólares al IPS, como si tuvieran derecho a echar mano a los ahorros jubilatorios de los trabajadores. El proyecto se originó en la Cámara de Diputados y estipulaba una compensación a comerciantes de seis ciudades fronterizas con Argentina con supuestos remanentes de las deudas contraídas por la emergencia sanitaria. Pero como esos remanentes ya no existen, la mayor parte ya se usó y lo que queda ya está presupuestado para este año, en el Senado no tuvieron mejor idea que pretender extraer los recursos del IPS, además de elevar el número de ciudades a diecisiete. Los objetivos son loables, pero no por ello correspondía cargarle el costo al IPS.
La repartija sin precedentes de fondos públicos que se ha desatado con la recurrente excusa del covid ha terminado de cebar a muchos políticos de distintas corrientes en el Congreso, que ya no se ponen freno para otorgar subsidios a diestra y siniestra con dinero ajeno, sin importarles la sostenibilidad, las fuentes de financiamiento ni las consecuencias. Ahora quieren sancionar una ley para “comerciantes de frontera con Argentina” que implica un nuevo manotazo de 10 millones de dólares al Instituto de Previsión Social, como si tuvieran derecho a echar mano a los ahorros jubilatorios de los...
El proyecto se originó en la Cámara de Diputados y estipulaba una compensación a comerciantes de seis ciudades fronterizas con Argentina con supuestos remanentes de las deudas contraídas por la emergencia sanitaria. Pero como esos remanentes ya no existen, la mayor parte ya se usó y lo que queda ya está presupuestado para este año, en el Senado no tuvieron mejor idea que pretender extraer los recursos del IPS, además de elevar el número de ciudades a diecisiete.
Más allá de la pertinencia o no de este subsidio en particular, que en todo caso apenas serviría como un paliativo casi insignificante, es absolutamente inadmisible, además de claramente inconstitucional, utilizar fondos del IPS para ello. Para empezar, si bien el IPS es formalmente una “entidad pública de seguridad social”, no es propiamente un ente del Estado, sino exclusivamente de sus aportantes, que solamente pueden hacer uso del mismo para fines muy concretos en el marco de la ley, ya sea para utilizar los servicios de salud, ya sea para cobrar sus jubilaciones al momento del retiro.
Los comerciantes de frontera como tales no son cotizantes, como no lo es ningún sector empresarial o gremial o social, por lo que no son sujetos de los servicios y beneficios del IPS. Y aunque individualmente puedan serlo muchos de ellos, únicamente podrían acceder al fondo de salud, y con mayor razón al fondo de pensiones, bajo las condiciones y modalidades previstas para cumplir los objetivos del sistema. Cualquier otra cosa se contrapone a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 95 de la Constitución Nacional: “Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados...
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