En su artículo 226, la Constitución Nacional establece claramente que “El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República”. Los demás, como los ministros, son “secretarios de Estado”, es decir, asistentes cercanos que colaboran con el Presidente, que concentra en él la suma de las facultades de ese órgano del poder público. Esta sutil pero importantísima distinción viene a cuento del inaceptable y sumamente nocivo desborde institucional al que asistimos cada año cuando se estudia en el Congreso el Presupuesto General de la Nación. Es un secreto a voces que los propios parlamentarios incitan a los altos funcionarios a lamentarse, seguirles el juego a sus sindicatos y pedir más presupuesto, para terminar negociando bajo la mesa a cambio de prebendas y cargos para su parentela, sus amantes y su clientela política. De esta manera se da el bochornoso contrasentido de que el secretario cuestiona la autoridad de su jefe a la vista de todos, le falta al respeto, traiciona su confianza, y no pasa absolutamente nada.
En su artículo 226, la Constitución Nacional establece claramente que “El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República”. Por lo tanto, es esa persona, solo ella y nadie más que ella la que ejerce esa alta función, de manera unipersonal, indivisible e indelegable. Ni el vicepresidente ni los ministros, mucho menos los titulares de secretarías y de entes públicos, son “parte” del Poder Ejecutivo. Como mucho, son “secretarios de Estado”, es decir, asistentes cercanos que colaboran con el Presidente (o la Presidenta llegado el caso), que concentra en él o ella la suma de las...
Esta sutil pero importantísima distinción viene a cuento del inaceptable y sumamente nocivo desborde institucional al que asistimos cada año los ciudadanos cuando se estudia en el Congreso el Presupuesto General de la Nación.
La Carta Magna, en su artículo 216, taxativamente instituye que “el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación será presentado anualmente por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero de septiembre, y su consideración por el Congreso tendrá prioridad absoluta”.
En consecuencia, la única persona que tiene la facultad constitucional de entender en el presupuesto público en nombre del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República, actualmente Mario Abdo Benítez, nadie más. Es inadmisible e inconstitucional que, una vez presentado el proyecto en tiempo y forma, los ministros y titulares de entes desfilen por las cámaras del Congreso reclamando más dinero del que les asignó el Presidente.
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