Mediante sus representantes en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ambas Cámaras del Congreso influyen en la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia, camaristas, jueces y agentes fiscales, así como también operan en el juzgamiento de los mismos (salvo los primeros). Dada la gran importancia de esas atribuciones constitucionales, conviene que al elegir a los comisionados valoren sus cualidades morales e intelectuales antes que sus carnets partidarios. Empero, es comprensible que también se atienda la filiación política para que una mayoría absoluta, como la colorada en la Cámara Baja, no monopolice la representación. Eso les importa un bledo: en ellos prima la politiquería, es decir, las componendas en función de los espacios de poder en disputa: se reparten cargos a su antojo, sin detenerse ante fruslerías como la ley, la moral y mucho menos la justicia.
Mediante sus representantes en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ambas Cámaras del Congreso influyen en la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia, camaristas, jueces y agentes fiscales, así como también operan en el juzgamiento de los mismos (salvo los primeros). Dada la gran importancia de esas atribuciones constitucionales, conviene que al elegir a los comisionados valoren sus cualidades morales e intelectuales antes que sus carnets partidarios. Empero, es comprensible que también se atienda la filiación política para que una...
Dicho todo esto, es lamentable que los parlamentarios no suelan tener acierto en este delicado asunto tal como lo demuestra el hecho de que, durante la anterior legislatura, los senadores enviaron al Consejo al hoy “parlasuriano” Enzo Cardozo (PLRA), estando ya imputado por delitos de lesión de confianza, y al Jurado a Jorge Oviedo Matto (Unace) y a Óscar González Daher (ANR), condenado luego por el tráfico de influencias en que incurrió cuando presidía ese órgano. Asusta imaginar al uno evaluando los méritos y aptitudes de quienes podían llegar a intervenir en su procesamiento y al otro...
El primer caso recuerda el del diputado Ramón Romero Roa (ANR), removido hace un año del Jurado por la “pérdida de confianza” de sus colegas. Su colega y correligionario Derlis Maidana llegó a informar a la prensa que habría primado la “cuestión política”, admitió que la maniobra no estaba prevista en la ley y dijo que se esperaba el resultado de la acción de inconstitucionalidad, planteada de inmediato por el afectado, una cuestión que aún no ha sido resuelta, aunque la arbitrariedad resulte evidente. Lo mismo cabe afirmar del caso Alvarenga, pues lo sustituyeron –por amplia mayoría– sin...
El diputado Alvarenga concluirá su mandato en 2023, no fue sancionado por sus pares por inconducta en el ejercicio de sus funciones ni ha sido declarado incapaz por la máxima autoridad judicial; tampoco ha sido desaforado para ser sometido a un proceso judicial. En marzo de 2017 y tras haber llegado a un acuerdo económico con la víctima, fue sobreseído en una causa abierta el año anterior por haber causado un accidente de tránsito en estado de ebriedad, siendo miembro del Jurado; en junio de 2017 había sido removido por la Cámara, pero la Corte hizo lugar a su acción de inconstitucionalidad...
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