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Periodo presidencial sin estado de gracia

Periodo presidencial sin estado de gracia

Hay reglas del juego electoral que deben ser establecidas previas a la concurrencia y que estén más allá de cualquier duda razonable, como quién puede y quién no puede ser candidato. Eso ya no debería depender del veto ni del voto de la mayoría parlamentaria, que no tienen competencia para juzgar el proceso electoral, ni para interpretar la Constitución Nacional. Y la decisión le corresponde a la Justicia Electoral y a la Corte Suprema, que funcionan como poderes independientes. De la mayoría parlamentaria depende la interpretación de la Constitución, la aceptación o el rechazo de los electos, y el tema este: ¿puede un senador vitalicio ser senador electo o no lo puede? Un juez sabe o cree que sin votos puede perder el cargo. Puede ser objeto de un juicio político sin argumentos. El prestigio del Parlamento no se beneficia con estas maniobras y contramaniobras que recuerdan las series televisivas de fantasía, como Juego de Tronos o Castillo de Naipes, donde todo vale y cualquiera puede asociarse o enfrentarse con cualquiera según el episodio y la necesaria dosis de intriga y suspenso que lo requiera. Pero los conflictos de la dinámica política son numerosos, precoces y, además, tienen un fondo: la conflictividad latente en el país, que solo está anestesiada o silenciada por el crecimiento económico y con un sistema distributivo que recompensa a los actores según su poder propio, como en la epístola de San Mateo sobre los talentos: dar mucho al que tiene mucho, y poco al que tenga poco.

Crédito columna: José Carlos Rodríguez, Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

El inicio del periodo electoral del 2018 al 2023 no se presenta claro, calmo ni simple. En primer lugar, la legalidad no prima, ni los poderes del Estado respetan sus ámbitos.

En segundo lugar, los partidos no funcionan como cuerpos deliberantes, con líneas propias: se fraccionan en grupos contrapuestos.

Y, en tercer lugar, nadie comienza su trabajo con ‘estado de gracia’, ese tradicional beneficio de la duda que se le regala a todo gobernante electo, cuando está flamante, incluso por sus adversarios. Un trasfondo está dado por la deuda social pendiente.

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