Lastimosamente debemos iniciar esta entrega con una declaración que ya hicimos cientos de veces: la ausencia de soberanía en Itaipú y, últimamente, los supuestos US$ 1.250.000.000 anuales obtenidos en el acuerdo operativo trienal, 2024-2027, Santi–Lula.
Podemos afirmar, a 53 años de la firma del tratado y a 2,5 años de la fecha establecida para la revisión del mismo, que es una entera falacia. ¿Y por qué lo decimos una vez más? Porque el negocio fue malo y perjudicial para el Paraguay. Vayamos, una vez más a la explicación detallada.
El presupuesto histórico con los siete componentes del costo y sus respectivos montos discriminados para generar el único producto, la electricidad, ya existía desde el inicio de la operación de la primera máquina de la CHI en 1984/85. Esto fue apenas la secuencia lógica de una mala negociación desde los tiempos de la operación y mantenimiento. Ya había quedado atrás la etapa de la construcción y montaje, con tremendas ventajas financieras y económicas para el Brasil, pero se venía lo más importante, la comercialización.
Todo el Paraguay sabe que Itaipú fue para nuestro “socio condómino” un negocio financiero, en primer lugar, y un negocio para su desarrollo, en segundo lugar.
Brasil sacó recursos de un bolsillo y los metió en el otro; además se quedó durante 42 con energía limpia, barata; segura. Las cifras lo atestiguan a pesar del eslogan de Itamaratí y de los ingenieros paraguayos de 60 Hertz: “Paraguay solo puso el agua”.
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