La Constitución garantiza la vida, la libertad, la propiedad y otros derechos fundamentales separando el poder en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo está integrado por los representantes de la soberanía popular.
La independencia del Legislativo la Constitución lo protege dotando a los legisladores de inmunidad de debate, de proceso (fueros) y otros privilegios. Estos los otorga la Constitución para proteger los derechos de los representantes, antes que los del representado. En el caso Coffin vs. Coffin (1808) en los EE.UU., quedó sentada una doctrina citada por la Corte Suprema en los años siguientes sobre las inmunidades parlamentarias: “Estos no están por tanto asegurados con la intención de proteger a los miembros contra procesamientos en su propio beneficio, sino de respaldar el derecho de la...
La Constitución contempla diferentes formas y grados del ejercicio del poder disciplinario del Congreso: el apercibimiento, la amonestación, la suspensión y la expulsión (pérdida de investidura). Este poder disciplinario lo debe ejercer cada Cámara en forma independiente, coherente con el sistema de separación de poderes. La expulsión de un legislador debe implementarse según protocolos expeditivos para el mejor ejercicio del mismo, pero no reglamentarse por ley, porque ello sería someter al Congreso al poder del Ejecutivo.
Si el Poder Ejecutivo pudiera promulgar y publicar una ley reglamentaria de las atribuciones de las cámaras, podrá reglamentarla, y además dictar decretos y resoluciones para implementar su cumplimiento, concentrando poder. Invadiría la esfera parlamentaria, y podría habilitar a la judicialización de cuestiones políticas no justiciables.
El poder disciplinario de cada cámara no está sujeto a las formalidades de juicio penal ordinario, y no está rodeado de las garantías del debido proceso otorgadas al individuo sin autoridad privilegios e inmunidades, ante al poder. Es un procedimiento de otra naturaleza, orientado a preservar la integridad del Poder Legislativo, y determinar la pérdida de autoridad, influencia, inmunidad, y privilegio, a quien abusó del mismo para grave riesgo de la democracia y los derechos fundamentales de los representados en general. En este caso, el voto popular de una facción pierde peso en la balanza...
Leer la nota completa en Diario ABC
