El mandatario definiría un reajuste más cercano al reclamo de los trabajadores que al cálculo técnico tradicional, en medio del fuerte deterioro del poder adquisitivo de las familias paraguayas.
El reajuste del salario mínimo legal entra en una etapa decisiva, con expectativa creciente sobre el decreto que debe firmar el presidente Santiago Peña para definir cuánto ganarán desde julio los trabajadores del sector privado. La discusión dejó de ser un simple cálculo técnico atado a la inflación y pasó a convertirse en una pulseada política, social y económica, en un país donde el costo de vida sigue presionando fuerte sobre las familias y donde el ingreso mínimo ya no alcanza para cubrir con holgura las necesidades básicas.
El Consejo Nacional de Salarios Mínimos debe remitir al Poder Ejecutivo su recomendación sobre el reajuste que regirá desde el 1 de julio. Sin embargo, la definición final quedará en manos del presidente Santiago Peña, quien deberá oficializar el nuevo monto mediante decreto.
El salario mínimo vigente es de G. 2.899.048. Si se aplica estrictamente la fórmula tradicional basada en la inflación interanual, que se ubicó en 2,4%, la suba sería de apenas G. 69.577, con lo cual el nuevo piso salarial pasaría a G. 2.968.625.
Ese monto es considerado insuficiente por el sector obrero, que sostiene que el cálculo ya no refleja la realidad del trabajador paraguayo. Los sindicatos reclaman un aumento mucho mayor, cercano a los G. 647.000 o G. 653.000, con el argumento de que el salario perdió poder adquisitivo durante años frente al avance del costo de vida.
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