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Presidente Peña enfrenta decisión crítica sobre ley anti conflicto de intereses, mientras Congreso busca debilitarla. La normativa, vital contra corrupción, pende de un hilo.
El presidente Santiago Peña enfrenta una elección crucial: ser el salvador o verdugo de la ley que castiga el conflicto de intereses en la función pública. Esta legislación, esencial para la integridad del , podría verse aniquilada si el presidente promulga las recientes modificaciones aprobadas por el Congreso.
El 13 de diciembre, la Cámara de Senadores ratificó una versión controvertida del proyecto que modifica y deroga 22 artículos de la Ley Nº 7089/2023, conocida como la ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública. Esta ley es particularmente relevante para el actual Gobierno, no solo porque Peña es un ejemplo prominente de las llamadas “”, sino también por los recientes escándalos de familiares de políticos ocupando cargos públicos.
El artículo 205 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo tiene 20 días hábiles para expedirse sobre un proyecto de ley antes de que se promulgue automáticamente. Este plazo vence a principios del próximo año, y la dilación del Ejecutivo, combinada con varios escándalos y los antecedentes de “puertas giratorias” de Peña y varios de sus ministros, genera preocupación sobre la posible promulgación de estas modificaciones.
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