En la intervención lamentaron que Uruguay se haya apartado de una tradición de observación rigurosa en la defensa de los derechos humanos, conculcados groseramente por las citadas personas, “que son prófugas de la Justicia paraguaya”, por la presunta comisión de secuestro, y no detentan la calidad de perseguidos políticos.
El diputado Roberto Chiazzaro, de la coalición gobernante uruguaya, respondió a las críticas indicando que no fue decisión del Ejecutivo lo sucedido.
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