Con la reelección por unanimidad de Alicia Pucheta, el cartismo consolida su mayoría en el órgano que puede suspender y destituir a jueces y fiscales, en un contexto marcado por antecedentes de tráfico de influencias, audios filtrados y chats que ya golpearon la credibilidad del sistema disciplinario.
La reelección de Alicia Pucheta al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados confirma que el oficialismo mantiene el manejo de un organismo clave para el equilibrio institucional. En un contexto marcado por antecedentes de tráfico de influencias, audios filtrados y chats comprometedores, el órgano encargado de juzgar y eventualmente remover a fiscales, jueces y defensores públicos vuelve a quedar bajo conducción alineada al coloradismo cartista, reforzando la discusión sobre independencia y Estado de derecho.
Este 26 de febrero de 2026, Alicia Pucheta Vda. de Correa fue elegida por unanimidad como presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el periodo 2026-2027. La decisión se tomó en sesión del órgano y su asunción formal está prevista para el 2 de marzo. No se trata de su primera vez al frente del Jurado: ya lo había presidido entre febrero de 2024 y febrero de 2025. La normativa vigente permite la reelección por única vez siempre que no sea en periodos consecutivos, lo que habilitó su retorno a la conducción.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un órgano constitucional extrapoder con atribuciones disciplinarias sobre magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos. Puede investigar denuncias por mal desempeño, abrir procesos, solicitar suspensiones preventivas mientras se tramitan las causas y, finalmente, disponer la remoción si se configuran las causales previstas. No designa jueces ni fiscales, pero su poder disciplinario impacta directamente en sus carreras y en la estabilidad de quienes llevan adelante investigaciones sensibles.
La relevancia política del Jurado es evidente: quien controla su mayoría tiene capacidad de presión indirecta sobre el sistema de justicia. En los hechos, la amenaza de un proceso disciplinario o una suspensión puede condicionar decisiones en causas de alto impacto. Por eso, cada integración y cada presidencia del JEM son leídas en clave de poder.
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