Referentes dicen que la reglamentación también atenta contra derechos, como el de la intimidad. Afirman que los controles ya existen y que la ley tiene un fin político, el de perseguir a los críticos.
Los actores de las organizaciones sin fines de lucro son claros al señalar que no están en contra de los controles, para evitar el lavado de dinero o injerencias, sino que el problema es que ya existen normativas para este efecto, por lo que la llamada ley garrote tiene una finalidad política, que no fue atenuada con la reglamentación que firmó Santiago Peña esta semana.
Tras la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta la Ley 7363/2024, “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, referentes de la sociedad civil analizan presentar acciones de inconstitucionalidad, ya que encuentran los mismos problemas que ya advirtieron desde el año pasado.
El director de la Fundación Moisés Bertoni, Yan Speranza, indicó que la ley viene a complicar el trabajo de las organizaciones en un momento histórico en que se busca la participación de la sociedad civil para fortalecer la democracia.
“Es un tipo de restricción, con excusas como que esto es un mecanismo de control, cuando ya existe mecanismo de control, estamos absolutamente de acuerdo que las ONG, como las empresas y todos, deben tener mecanismo de control, y tenemos que cumplir, porque no podemos permitir que haya espacio para lavado de dinero y otros, pero eso ya existe”, resaltó.
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