No voy a discutir aquí la lógica que articula las medidas del Gobierno ante el covid-19, expuestas en el Decreto 3442 del Poder Ejecutivo y en la resolución 90 del Ministerio de Salud. Me cuento entre los que se allanaron inmediatamente a las acciones oficiales porque merece aplauso accionar.
Remarco que es la lógica que está vigente con fuerza de ley y que todos estamos obligados a asumirla y respetarla. Todos. Es muy importante esta palabra: “todos”.
Por el covid-19 se nos pide que nos quedemos en casa, y a un gran número de sectores se le ordena que deje de trabajar. Dice el artículo 1 de la resolución 90 del Ministerio de Salud: “Suspender la realización de eventos y espectáculos públicos o privados de concurrencia masiva tales como conciertos musicales, encuentros deportivos, reuniones políticas, gremiales y sociales, actividades religiosas y actividades recreativas. Suspender todo tipo de actividades en lugares cerrados, tales como cines, teatros, salas de conferencias, clubes, discotecas, casinos, bares y centros culturales....
A pesar de esa clara lista, hasta anoche hubo bares y restaurantes abiertos y en funcionamiento, hubo shoppings realizando eventos, hubo gente que se creyó, en síntesis, por encima de la norma, que tiene impunidad.
El Gobierno, que debe generar el sentido de comunidad para que el sacrificio sea asumido con compromiso, es el primero que rompió la igualdad al otorgar a sus amigos transportistas el “derecho” de llevar pasajeros parados, contradiciendo escandalosamente el diagnóstico de situación enunciado por la Dirección General de Vigilancia de la Salud en su Nota MSPBS/DGVS Nº 56/2020, que solicita la implementación de la fase de mitigación de la epidemia “ante la inmensa cantidad de contactos tanto de primer, segundo y tercer nivel de los conglomerados a partir de los casos confirmados”.
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