Han pasado dos semanas desde que el director nacional de Aduanas, Julio Fernández, denunció penalmente por tráfico de influencias al senador Martín Arévalo, y desde que este le retrucó acusándolo de ser parte de una “rosca mafiosa” que se confabula para “asaltar al Estado” apropiándose de bienes decomisados. En ambos casos hay evidencias e importantes indicios de graves irregularidades. Sin embargo, por un lado, el director de Aduanas fue ratificado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y, por el otro, en el Senado ni siquiera se inició un proceso de pérdida de investidura como manda la Constitución, en vez de lo cual se instaló una “Comisión Especial de Seguimiento al Combate al Contrabando”. En pocas palabras, va rumbo al oparei.
Han pasado dos semanas desde que el director nacional de Aduanas, Julio Fernández, denunció penalmente por tráfico de influencias al senador Martín Arévalo, y desde que este le retrucó acusándolo de ser parte de una “rosca mafiosa” que se confabula para “asaltar al Estado” apropiándose de bienes decomisados. En ambos casos hay evidencias e importantes indicios de graves irregularidades. Sin embargo, por un lado, el director de Aduanas acaba de ser ratificado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y, por el otro, en el Senado ni siquiera se inició un proceso de pérdida de...
Fernández entregó al Ministerio Público grabaciones y mensajes de WhatsApp autenticados por escribanía en los que Arévalo insistentemente le pide nombrar como administradores a dos funcionarios de su confianza, Luis Roberto Pereira Recalde y Miguel Ángel Medina Prieto, lo que les habría dado amplias facultades de control y toma de decisiones en zonas primarias de aduanas sin tener el perfil para esas sensibles responsabilidades.
Adicionalmente, puso como testigos al jefe del Departamento de Sumarios Administrativos de la dirección, Luciano Flor, y a la administradora Guadalupe Ruiz, a quienes, según la denuncia, Arévalo llamó para interceder y ofrecer “tratos” a favor de Ahmad Khalil Chams, supuesto financista y verdadero dueño de una carga incautada en Itapúa el 24 de noviembre de 2019.
La misma llegó consignada a nombre de las empresas OVF S.A. y Cesu S.A., de Gregorio Cubilla, y fue declarada contrabando el 24 de junio de 2020, a partir de lo cual podía ser confiscada y vendida por el Estado conforme al Código Aduanero. Coincidentemente, según Fernández, hay registros de que los funcionarios Pereira y Medina, recomendados por Arévalo, participaron en más de 500 despachos de esas firmas.
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