En la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se cuestiona duramente el papel desempeñado por José Antonio Moreno Ruffinelli -quien además de intrascendente escritor- fue el abogado que llevó a cabo la fusión de los grandes frigoríficos, formando un oligopsonio en manos de capitales extranjeros. Como premio a la exitosa fusión Moreno habría recibido la vicepresidencia […]
En la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se cuestiona duramente el papel desempeñado por José Antonio Moreno Ruffinelli -quien además de intrascendente escritor- fue el abogado que llevó a cabo la fusión de los grandes frigoríficos, formando un oligopsonio en manos de capitales extranjeros. Como premio a la exitosa fusión Moreno habría recibido la vicepresidencia de unos de los grandes frigoríficos. Demás está decir que el operativo fue posible mediante las redes residuales de poder y contacto con el Estado.
Que Moreno Ruffinelli sea actualmente director jurídico de la Asociación Rural del Paraguay es una muestra clara de que dicho gremio no representa a sus asociados, sino únicamente a las rentas exorbitantes de los grandes frigoríficos extranjeros. Mientras miles de productores enfrentan problemas es sus cadenas de pagos, se encuentran sobreendeudados y sufren los precios arbitrarios, el mismo director jurídico de la Rural se dedica a operar contra los intereses de los que verdaderamente trabajan día y noche en el campo.
Las andanzas del ex canciller de González Macchi, Moreno Ruffinelli, no terminan ahí. Como director jurídico de la Rural, deshizo un dictamen de la comisión de asuntos jurídicos, con el fin de favorecer a una de las candidaturas internas de la Rural. Para tal propósito recurrió a los servicios especializados de «jurisconsulto» Ljubetic, habilitando de manera ilegal el voto de decisivo de personas inhabilitadas.
Los grandes «formadores de opinión» felicitaron a la Corte Suprema por fallar a favor de la publicación de declaraciones juradas de funcionarios públicos. Una primavera de la transparencia, afirmaron exultantes. Pero los mismos siguen guardando un silencio cómplice con la suspensión de la ley 6355 que obliga también a los proveedores del Estado a presentar declaraciones juradas de bienes y rentas.
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