MANAGUA. La economía nicaragüense, que se contrajo un 4% en 2018, se encamina a su peor crisis de los últimos 30 años en medio del conflicto sociopolítico y humanitario que tiene enfrentado al Gobierno con el sector privado y otros agentes del país.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega echó mano de medidas económicas, siempre impopulares, para intentar recomponer la economía que, según el sector privado, provocará cierre de empresas, más desempleo, mayor informalidad en el mercado laboral, crecimiento del déficit fiscal, y aumento de la pobreza.
Dicha crisis comenzó el 18 de abril pasado por unas inconsultas reformas a la seguridad social que fueron abolidas por el Ejecutivo tras un estallido social que dejó cientos de muertos y de detenidos en protestas, y otros miles en el exilio.
Esas manifestaciones callejeras acabaron además con el modelo de alianza y consenso que mantenía el Ejecutivo con el gran capital y los sindicados y que, a juicio del sector privado, había dejado “tantos frutos y resultados” a Nicaragua.
Casi diez meses después de haber comenzado la crisis, Ortega, sin el consenso del sector privado, impuso unas nuevas modificaciones a la seguridad social que aumenta la cuota de las empresas y de los empleados en 3,5 y 0,75 puntos porcentuales, respectivamente.
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