<p>La doctora Carolina Llanes Ocampos, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, presidio una reunion interinstitucional con representantes de la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), asesores expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Direccion General de Auditoria Jurisdiccional de la CSJ. El encuentro se realizo en el marco de las recomendaciones y obligaciones impuestas por el Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI) a Paraguay, relacionadas con la supervision de riesgos en el sector de los escribanos publicos.</p>
La doctora Carolina Llanes Ocampos, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, presidió una reunión interinstitucional con representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), asesores expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Dirección General de Auditoría Jurisdiccional de la CSJ. El encuentro se realizó en el marco de las recomendaciones y obligaciones impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a Paraguay, relacionadas con la supervisión de riesgos en el sector de los escribanos públicos.
El viceministro de Seprelad, abogado Pablo Rojas Pichler, destacó que la reunión tuvo como objetivo establecer una hoja de ruta para el cumplimiento de los estándares del GAFI. "Uno de los objetivos es implementar mecanismos de monitoreo y supervisión en el ámbito de los escribanos públicos, en relación con las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo", subrayó.
Asimismo, resaltó la apertura y el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal, para establecer acciones conjuntas entre la CSJ y Seprelad, con el asesoramiento de los expertos del FMI, a fin de que las instituciones del Estado puedan cumplir con los estándares internacionales exigidos por el GAFI.
Rojas concluyó señalando que las instituciones estatales se encuentran actualmente enfocadas en cumplir con todas las recomendaciones y obligaciones derivadas de la evaluación mutua realizada a Paraguay en 2022.
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