El 13 de junio de 2022, el exdiputado liberal Carlos Portillo había promovido una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, contra la resolución de una Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, que ordenó que enfrente juicio oral por presunto tráfico de influencias. Supuestamente pidió US$ 3.000 a una contadora para “solucionarle” su caso en […]
El 13 de junio de 2022, el exdiputado liberal Carlos Portillo había promovido una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, contra la resolución de una Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, que ordenó que enfrente juicio oral por presunto tráfico de influencias. Supuestamente pidió US$ 3.000 a una contadora para “solucionarle” su caso en el Poder Judicial. El Ministerio Público abrió la causa penal con base a audios que fueron difundidos. A dos años y un mes de la promoción de la acción, la Sala Constitucional, aún no se integró. Mientras aguarda la sentencia, Portillo baila en un...
Tras 5 años y medio de la acusación al exdiputado liberal Carlos Portillo, por tráfico de influencias, aún no se integra la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para estudiar el caso.
La acción de inconstitucionalidad presentada por el exparlamentario, se encuentra paralizada en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde el 2022. Fue planteada contra la confirmación de la elevación de la causa a juicio oral por la Cámara de Apelaciones, por la defensa del exparlamentario. La Sala se encuentra en proceso integración de los miembros, que deberán estudiar la acción promovida por el exdiputado liberal, el 13 de junio del 2022. Desde la fecha no es resuelta en la máxima instancia judicial. El pasado 3 de mayo, el ministro Gustavo Santander se inhibió del caso.
El exdiputado liberal Carlos Portillo fue acusado por tráfico de influencias el 12 de noviembre de 2018 y su causa fue elevada a juicio oral y público en setiembre de 2020, por el Juzgado Penal de Garantías Nro. 5 de Ciudad del Este. Los acusados Carlos Portillo Verón y Lucía Escobar Santacruz interpusieron una apelación general contra el fallo. Además, la entonces fiscal Liliana Alcaraz también planteó una apelación contra la decisión del juzgado de excluir los audios como pruebas del hecho de tráfico de influencias.
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