El caso se relaciona con una serie de presuntas violaciones procesales en el marco de los juicios políticos que culminaron con las destituciones de las presuntas víctimas, Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, de sus cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, en el año 2003.
La audiencia pública iniciará a las 11:00 de nuestro país, y será transmitido en vivo a través de la cuenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en YouTube.
La denuncia de Ríos Ávalos, acompañada por la CIDH, sostiene que el Estado violó el derecho a contar con una autoridad competente mediante procedimientos previamente establecidos.
En este sentido, se argumenta que, posteriormente a la acusación de las presuntas víctimas, la Cámara de Senadores emitió la Resolución No. 222 la cual estableció el Reglamento para la Tramitación del Juicio Político, así como normas procesales para el juicio político que tuvieron un impacto sustantivo en el ejercicio del derecho de defensa y en otros aspectos relacionados con las garantías del debido proceso.
Por otra parte, se alude que el Estado violó el derecho a contar con un juez imparcial tomando en cuenta que el reglamento emitido no permitía las recusaciones contra el órgano disciplinario.
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