Mañana se trata en el Senado el veto total del Poder Ejecutivo a la ley “que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a los extrabajadores, constructores de la usina, montaje y puesta en servicio de las unidades generadoras de Itaipú...”, que tiene un costo de 940 millones de dólares. Este monto es superior a todo lo que percibe el país anualmente por royalties y compensaciones y equivale al 70% de los presupuestos combinados de salud y educación, para una lista de 16.000 supuestos beneficiarios, que nunca estuvieron en relación directa con Itaipú. Habría que ser muy ingenuo para no adivinar que hay toda una rosca de intermediarios, “facilitadores” y traficantes de influencias que se están relamiendo por alzarse con multimillonarias tajadas.
Mañana se trata en el Senado el veto total del Poder Ejecutivo a la ley “que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a los extrabajadores, constructores de la usina, montaje y puesta en servicio de las unidades generadoras de Itaipú, contratados directos de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y educación de la margen derecha”.
La descabellada ley tiene el exorbitante costo de 940 millones de dólares, monto superior a todo lo que percibe el país anualmente por royalties y compensaciones derivados de Itaipú y equivale al 70% de los presupuestos combinados de salud y educación, para una lista de 16.000 supuestos beneficiarios que, en el mejor de los casos, no hacen más del 2% de la población. Habría que ser muy ingenuo para no adivinar que hay toda una rosca de intermediarios, “facilitadores” y traficantes de influencias que se están relamiendo por alzarse con multimillonarias tajadas.
El proyecto fue presentado por los senadores Enrique Riera (ANR, cartista), Gilberto Apuril (ex-Hagamos), Abel González (PLRA) y Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu), y el solo hecho de que una mayoría parlamentaria lo haya aprobado otorga a la ciudadanía el derecho a sospechar que hubo mucho dinero y promesas bajo la mesa para que así sea. De otro modo no se puede entender que una iniciativa tan insólita haya sido sancionada por ambas cámaras del Congreso.
Lo primero que hay que decir es que, en lo que se refiere al objeto de la ley, esas personas nunca estuvieron en relación de dependencia con el Estado paraguayo ni directamente con Itaipú. La pretendida “compensación histórica” es por relaciones laborales de 20 a 50 años atrás, de empleados de empresas privadas que como regla tuvieron un nivel de remuneración y beneficios muy por encima del resto de los trabajadores del país y que ahora, décadas después, buscan forzar una ley especial en contra de la Constitución, en contra de un tratado internacional, en contra del Código del Trabajo, en...
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