La grave crisis política generada a raíz de la firma del Acta Bilateral debería ser tomada como una gran lección, sobre todo por este Gobierno, y también por los que vendrán después, en el entendido de que –al parecer– la ciudadanía ha despertado de su prolongado letargo y ya no está dispuesta a tolerar a ningún funcionario que, de forma evidente, no defienda o actúe en contra de los intereses nacionales.
Creo que este desbarajuste, que casi le cuesta el cargo al Presidente de la República, tendrá alguna consecuencia, sobre todo política, pero han comenzado a aparecer los famosos “anestesistas”, con la misión de reducir los efectos de los duros golpes recibidos y justificar el mal desempeño del Poder Ejecutivo.
Muy suelto de cuerpo, uno ellos dijo (en un diario de nuestro medio) que “es una falacia” afirmar que una mayor contratación de energía garantizada (la más onerosa de Itaipú) por parte de la ANDE sea un acto de “traición a la patria” o de “entrega de soberanía”.
Si bien nuestro marco legal no tipifica la figura, lo que el comentarista de marras no entiende es que una contratación mayor, durante un lapso de cuatro años y sin necesidad, puede ser calificado como la entrega de un derecho adquirido y una deslealtad grave al país, porque (una vez más) se “negoció” a favor del Brasil, en detrimento de los intereses paraguayos.
En cualquier empresa pública o privada (sobre todo en la segunda), perpetrar este tipo de hechos costaría, como mínimo, la cabeza del presidente o del gerente general y, en el peor de los casos, soportaría una demanda judicial por daños y perjuicios, puesto que ningún negocio lucrativo está puesto para perder.
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