La nueva política de drogas presentada por el gobierno colombiano acierta al cambiar el enfoque sobre la lucha contra las drogas, pero ante el aumento imparable de los cultivos de coca, existen serias dudas sobre la capacidad del Estado para implementarla.
El 9 de septiembre, el Ministerio de Justicia de Colombia presentó su Política Nacional de Drogas para 2023-2033, en la que expuso los lineamientos que seguirán las instituciones del estado para hacer frente a esta problemática. Aunque el gobierno lleva meses implementando algunas de las estrategias enmarcadas en el documento, la publicación de la política deja ver los planes a largo plazo de la administración de Gustavo Petro.
La nueva estrategia presenta un cambio radical frente a las medidas que han tomado los gobiernos anteriores para hacer frente a una de las economías criminales más lucrativas del mundo. A diferencia de sus antecesores, que se enfocaron en los niveles más bajos de la cadena del narcotráfico, como los cultivadores, esta nueva iniciativa busca poner el foco en las sofisticadas redes de narcotráfico que existen en el país.
La política cuenta con dos líneas estratégicas, llamadas “oxígeno” y “asfixia”. La primera busca aliviar la presión sobre quienes han recaído los esfuerzos de la llamada “guerra contra las drogas” -pequeños cultivadores de coca y consumidores- por medio de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y la aplicación de un enfoque de salud pública frente al consumo de sustancias psicoactivas.
La segunda línea estratégica, por su parte, busca reorientar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad hacia otros puntos de la cadena del narcotráfico, fortaleciendo las capacidades de interdicción y destrucción de infraestructura para el procesamiento de drogas. Además, busca capturar a los intermediarios del tráfico de drogas, así como incrementar las capacidades para investigar el lavado de activos y la corrupción que hacen posible esta economía criminal.
Leer la nota completa en Amambay News
