La decisión del juez Raúl Florentín de conceder un amparo solicitado por organizaciones ciudadanas para que la Contraloría libere al público las declaraciones juradas sobre el patrimonio de autoridades, funcionarios y proveedores adjudicados durante la pandemia del coronavirus constituye un paso importante en favor de la transparencia en el uso de los fondos públicos. Las recientes renuncias del presidente de la Dinac y de la presidenta de Petropar ante sospechas de irregularidades es un resultado de la lucha por evitar la corrupción. Haber podido derrotar a la cultura del secretismo y obligar a que los servidores públicos rindan cuenta de su actuación fortalece a la democracia.
En el documento de la sentencia, el juez Florentín argumenta que “existe un interés colectivo en la correcta administración de los bienes públicos destinados a mitigar los efectos negativos que la pandemia del Covid-19 pudiera tener en la salud pública, por lo que cualquier persona, individual o colectivamente, está facultada a impetrar ante los órganos jurisdiccionales competentes esta acción popular”.
La medida supone una victoria ciudadana ante la cultura del secretismo, con la que desde hace años se ha buscado dejar impunes los actos de corrupción en la administración pública. Hasta ahora, tanto la Contraloría como el Poder Judicial se habían negado a conceder los sucesivos pedidos para que se liberen las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos, con el argumento de que violaría datos de carácter privado, contradiciendo al principio de que quienes manejan recursos estatales deben hacerlo con absoluta transparencia.
La situación especial generada por la crisis del Covid-19 ha desertado un mayor celo ciudadano por la correcta administración del Estado y ha generado una cada vez mayor corriente de expresión las redes sociales y a través de los medios de comunicación, sumado a la tarea de control que vienen ejerciendo los medios periodísticos ante la corrupción.
Esta lucha por transparencia ha obligado a las recientes renuncias del presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, y de la presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, ante una serie de denuncias de irregularidades y presunta sobrefacturación en compras durante el periodo de emergencia. Ambos ex funcionarios están siendo investigados por la Justicia.
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