El gobierno de Santiago Peña impulsa la reforma de Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, proyecto que tiene “en pie de guerra” a los sindicatos docentes, la principal fuerza electoral del Estado. Entre sus puntos más conflictivos, eleva de dos a cuatro años la posibilidad de la estabilidad laboral pero la puede eliminar mediante “evaluaciones”, prohíbe la reelección indefinida de dirigentes sindicales y la huelga a médicos y maestros por ser servicios “imprescindibles”. Los puntos contra el nepotismo y el libertinaje en las binacionales son casi nulos.
Ley del servicio civil incluye limitar estabilidad, huelgas y sindicalismo
El funcionariado público se viene rigiendo por la ley 1626/2000 con numerosos privilegios sobre los trabajadores del sector privado. Gozan de la “Estabilidad Laboral” a los dos años de nombramiento y solo deben trabajar 40 horas semanales mientras en el sector privado la estabilidad se logra a los 10 años y el mínimo es de 48 horas semanales.
El gobierno de Peña remitió al Congreso su proyecto de reforma de la ley, hecho que puso en alerta al sector docente, que tiene su propia ley regulatoria, con varias movilizaciones. Entre sus puntos más conflictivos prohíbe que un mismo dirigente sindical se eternice en el cargo (ver el cuadro).
Actualmente hay 320.000 funcionarios en la administración central, entes descentralizados y Universidades Nacionales. Los funcionarios del Ministerio de Educación suman 96.000, siendo la principal fuerza estatal (y electoral). Las Universidades suman 42.000 funcionarios; el Ministerio del Interior 35.000 y el Ministerio de Salud 31.000.
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