El INFONA lidera la creación del Protocolo de Intervención Conjunta, buscando no sólo prevenir y sancionar las infracciones a las leyes ambientales, sino también aumentar la transparencia en la gestión de los recursos.
El INFONA lidera la creación del Protocolo de Intervención Conjunta, buscando no sólo prevenir y sancionar las infracciones a las leyes ambientales y forestales, sino también fortalecer los mecanismos de gobernanza y aumentar la transparencia en la gestión de los recursos naturales. El Instituto Forestal Nacional ha trabajado en implementar diversas estrategias, buscando abordar de manera efectiva el cambio de uso de suelo ilegal y logrando proyectar un plan de acción para gestionar de forma sostenible la cobertura forestal del país.
En el marco de la ejecución de ese plan de acción, se realizó el lanzamiento oficial del Sistema de Alertas Tempranas de Deforestación, un conjunto de procedimientos, tecnologías y herramientas diseñadas para detectar y reportar las alertas tempranas de cambios de uso de la tierra de bosque nativo. Este sistema corresponde a una fuente de información valiosa y objetiva para la toma de decisiones informadas, así como un mecanismo de acción ágil para frenar posibles actos de corrupción ambiental.
Asimismo, el Gobierno del Paraguay ha desarrollado el Protocolo de Intervención Conjunta como una acción inmediata y decisiva por parte del Estado ante los casos de cambio de uso de suelo, diseñado para ser implementado basándose en el Sistema de Alertas Tempranas y Denuncias. A través de este protocolo, se asegurará el establecimiento de un procedimiento ágil y pertinente, a fin de salvaguardar la integridad de nuestros bosques mediante una gestión efectiva.
Se ha definido al Instituto Forestal Nacional como uno de los entes rectores y como coordinador del Sistema de Alertas Tempranas, según el Decreto 1746, aprobado por el presidente de la república, Santiago Peña. También forman parte de la creación de este Protocolo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y toda institución que se requiera, conforme a las disposiciones legales y la naturaleza del cambio.
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