La atribución constitucional del Presidente de la República en la negociación y firma de tratados tiene sus orígenes en la prerrogativa del rey, en quien la teoría política absolutista depositaba la soberanía, y en consideraciones prácticas de conveniencia.
En la antigüedad, los tratados los firmaba el rey a título personal, con otros soberanos, haciendo frecuentemente participar a sus barones para garantizar el compromiso asumido en las baronías del reino (subdivisiones territoriales bajo autoridad de los barones). Pero con la creación de Estados nacionales, la soberanía pasó a residir en el pueblo.
El presidente electo por el pueblo, sin embargo, preservó las prerrogativas reales en materia de negociación y firma de los textos de los tratados, sujeto a la superintendencia y consentimiento del pueblo, a través de sus representantes en las asambleas legislativas.
La fase preliminar del proceso de celebración de un tratado es confiada al Presidente de la República y esta responsabilidad la puede llevar adelante por intermedio de la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, embajadores permanentes, o plenipotenciarios.
La fase preliminar y preparatoria de la negociación de los tratados fue reservada al Ejecutivo y su diplomacia, por la inteligencia, reserva y celeridad que puedan requerir las negociaciones. Esto no significa, sin embargo, que las mismas puedan llevarse en contra del principio internacional fundamental de la buena fe y que pueda dejarse de lado la Constitución, la transparencia y los intereses nacionales.
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