Una de las principales conquistas jurídicas y políticas en favor de la transparencia democrática se halla en riesgo, debido a que un Tribunal de Apelaciones condenó al ciudadano Daniel Vargas Téllez a pagar casi siete millones de guaraníes por haber reclamado judicialmente que el Tribunal Superior de Justicia Electoral le negó información pública. Vargas había solicitado copia de toda la documentación relacionada con las últimas elecciones generales en el distrito de San Lorenzo, pero ante la negativa del TSJE recurrió a la Justicia, la cual acabó fallando en dos instancias contra el demandante, demostrando una actitud de complicidad con la cultura del secretismo. El precedente es muy negativo y significaría una manera de desalentar que más ciudadanos e instituciones recurran a este instrumento contra la corrupción y la impunidad.
Un grupo de organizaciones ciudadanas que forman parte del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) ha denunciado que existe una maniobra en sectores del Poder Judicial para intentar matar la Ley de Acceso a la Información Pública, tras un fallo del Tribunal de Apelaciones que condenó al ciudadano Daniel Vargas Téllez a pagar casi siete millones de guaraníes por haber reclamado judicialmente que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) le negó información pública.
Vargas Téllez es justamente el ciudadano que hizo posible la obtención de la Ley 5282/14 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, ya que un pedido suyo sobre información pública presentado a la Municipalidad de San Lorenzo, en el 2007, logró que la Corte Suprema de Justicia finalmente acceda al requerimiento en el 2014, obligando a que todos los demás organismos del Estado divulguen sus datos y a que se sancione la ley que desde entonces ha posibilitado detectar varias irregularidades y casos de corrupción en la administración pública. Ahora, sin...
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