En el consabido tema de los audios que involucraron a los exsenadores Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (Unace), extitular y miembro, respectivamente, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), al exsecretario de este organismo Raúl Fernández Lippmann y al abogado Carmelo Caballero, se realizó ayer la audiencia preliminar, que proseguirá hoy y mañana. Conviene que la ciudadanía le preste atención, no solo por la costumbre de los políticos, en general, de recurrir al ejercicio abusivo del derecho a la defensa con el fin de impedir o trabar un juicio oral y público, sino también, como era presumible, a que los referidos procesados ya recurrieron a las consabidas chicanas, habiendo logrado evitar así que se realice la audiencia de imposición de medidas alternativas a la prisión. Aquí cabe insistir en la necesidad de que se apliquen con todo rigor las normas existentes que castigan a los litigantes de mala fe que, entre otras cosas, buscan dilatar los procesos que provocan la extinción de la causa. No se conoce de casos en que el Consejo de Superintendencia de Justicia haya aplicado penas a los jueces que han tolerado que los chicaneros se burlen de la ley y de la ciudadanía toda.
A fines de 2017, ABC Cardinal difundió las grabaciones de unos diálogos telefónicos reveladores de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) había intervenido en actuaciones propias del Ministerio Público y de la judicatura. El escándalo generado provocó la primera expulsión de un legislador en la historia parlamentaria nacional, cuando el Senado privó de su investidura a Óscar González Daher (ANR), expresidente del JEM, por haber incurrido en un “tráfico de influencias, fehacientemente comprobado”. Días después, el pleno aceptó la renuncia a su banca del senador Jorge Oviedo...
Se trata de un caso muy significativo, pues esta sería la primera vez que se sienten en el banquillo los supuestos autores de la repugnante fechoría en la que, por razones políticas o monetarias, suelen incurrir los que mandan, con toda impunidad. Ello dependerá de lo que ocurra en la audiencia preliminar que se inició ayer y continuará hoy y mañana, razón por la cual conviene que la ciudadanía le preste suma atención. Lo sugieren no solo los antecedentes de los políticos, en general, acostumbrados al ejercicio abusivo del derecho a la defensa con el fin de impedir o trabar un juicio oral y...
Aquí cabe insistir en la necesidad de que se apliquen con todo rigor las normas del Código Procesal Penal y de la Acordada N° 709/11 de la Corte Suprema de Justicia, que castigan a los litigantes de mala fe que, entre otras cosas, buscan dilatar los procesos para provocar la extinción de la causa. El art. 112 del Código ordena a los jueces cancelar el nombramiento de un abogado comprendido respecto del magistrado en una relación que lo fuerce a inhibirse; el 113 les obliga a velar por la regularidad del litigio, el buen uso de las facultades procesales y la buena fe; el 114 les permite...
Como se ve, no faltan normas que castiguen a los chicaneros ni a los magistrados que ignoran su deber de aplicarlas. Lo que pasa es que la judicatura hace la vista gorda ante la cínica inconducta procesal de los peces gordos de la política, violando el principio constitucional de igualdad ante las leyes, por complicidad o por cobardía. Lamentablemente, da la impresión de que el JEM fue y sigue siendo el órgano más apropiado para chantajear a jueces y agentes fiscales, muchos de los cuales, por cierto, deben sus respectivos nombramientos al tráfico de influencias, primero en el Consejo de la...
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