Aunque hubo signos positivos por parte de la Corte Suprema, como la decisión histórica de que las declaraciones juradas de los funcionarios estatales se den a publicidad, también hubo mucha falta de actuación decidida ante graves hechos de corrupción detectados con los fondos de emergencia para hacer frente a la pandemia. Una vez más, se amparó a funcionarios corruptos e incluso se avalaron graves actos represivos inconstitucionales, como en las peores épocas de la dictadura, entre ellas la imputación a ciudadanos por ejercer el derecho de protestar contra el Gobierno, pretextando que no usaban tapabocas, mientras se perdonaba a miembros del poder por violaciones sanitarias. Nuevamente, el Poder Judicial demostró vicios de corrupción y de connivencia con la clase política, de espaldas a la ciudadanía, sometida a perjuicios económicos y laborales.
Aunque existen hechos positivos, como la decisión histórica de ordenar que las declaraciones juradas de los funcionarios estatales se den a publicidad, tal como lo rescata la analista Marta Ferrara, directora de la organización Semillas para la Democracia, en un artículo publicado ayer por este diario, son probablemente muchos más los signos negativos de un Poder Judicial que sigue afectado por la corrupción, la burocracia excesiva, la falta de respuesta a los reclamos ciudadanos y, sobre todo, la connivencia con poderes fácticos y la corrupta clase política.
En un año en que se debieron recortar derechos básicos, como la libertad de reunión y movilización, ante los decretos de cuarentena establecidos por el Gobierno, afectando también gravemente al derecho al trabajo y a las posibilidades de supervivencia digna para miles de personas, la Justicia, en lugar de proteger a los ciudadanos ante los abusos, reforzó aún más los mecanismos de opresión y represión durante la pandemia.
Particularmente grave fue la inacción, tanto de la Fiscalía como de los jueces, ante los graves escándalos de corrupción que se detectaron en torno a las millonarias compras especiales que se realizaron desde el Ministerio de Salud y otras instituciones estatales, usando los fondos de la Ley de Emergencia, que debían servir para mejorar la infraestructura de hospitales y centros médicos.
A casi ocho meses de que se denunciaron los graves casos de supuestos robos y estafas en Salud, al igual que en la Dirección Nacional Aeronáutica Civil (Dinac) y Petróleos Paraguayos (Petropar), no hay personas presas, los principales involucrados fueron beneficiados con medidas sustitutivas de libertad y muchos de los funcionarios involucrados apenas fueron sometidos a sumarios internos por pocos días, lo cual demuestra que hay una abierta complicidad desde altas esferas en los negociados direccionados a empresarios de maletín, cercanos al poder.
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