El Ministerio Público, a cargo de Sandra Quiñónez, ni siquiera designó a un fiscal que se encargue de indagar al diputado liberal. Se excusa con que la Contraloría no entrega los documentos.
En julio del 2018, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el senador liberal Dionisio Amarilla por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Tras reiteradas solicitudes de urgimiento, debido a que la Fiscalía no iniciaba ninguna investigación, finalmente, en setiembre del mismo año se abrió una carpeta fiscal.
Sin embargo, hasta la fecha no se designó a un fiscal que se encargue del caso, por lo que la investigación quedó en la nada y todo indica que la denuncia sería desestimada, al igual que sucedió con otros políticos. Desde el Ministerio Público se excusan en que la Contraloría General de la República no remite la correspondencia de bienes de Amarilla y por ello no pueden continuar el proceso. Sin embargo, tiene la posibilidad de realizar un allanamiento para retirar los documentos y no hace uso de dicha atribución que le puede ser concedida por un juez, como ya lo hicieron en otros procesos....
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